Integridad pública

Aspiramos a una gestión pública íntegra, al servicio de todas las personas a fin de garantizar sus derechos fundamentales, en la que, además, funcionarias, funcionarios y servidores públicos incorporen en la toma de decisiones los valores, principios y normas éticas para priorizar el interés público por encima del personal.

La corrupción afecta el ejercicio de los derechos fundamentales y la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente de la población más vulnerable, ya que limita el acceso a los bienes y servicios que el Estado brinda. Un Estado gestionado con integridad pública implica el cumplimiento de los valores, principios y normas éticas que dan prioridad a los intereses públicos por encima de los privados. Para ello, es fundamental instalar un Modelo de Integridad Público, el servicio civil meritocrático, mecanismos de sanción oportuna que desincentivan las malas prácticas, así como fortalecer la conducción y responsabilidad en los sectores del Estado.