El 28 de julio pasado se publicó en el Diario el Peruano el “Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050”, documento que orienta la acción del Estado y del conjunto de la sociedad (gremios, academia, empresas) a través de cinco ejes. Sin embargo, el discurso presidencial no abordó dicho Plan, una expresión más de la ausencia de mirada estratégica y poca claridad para emprender nuevas reformas y/o profundizar en las ya iniciadas.
El breve abordaje sobre el tema de integridad y lucha contra la corrupción, considerando las graves denuncias de posible corrupción y afectación a la gobernabilidad, no refleja ser una de las prioridades del actual gobierno. Actualmente, el problema de la corrupción no se relaciona directamente con la aprobación de más normas, sino con la implementación de las que ya existen. Aún hay objetivos de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción que no se han materializado, como la de impulsar una carrera pública meritocrática, fortaleciendo el desempeño ético de los servidores y funcionarios, quienes, finalmente, son los que toman las decisiones sobre temas y problemas de interés público.
En el ámbito de la educación, preocupa la reforma magisterial en lo que respecta a la evaluación docente. No es posible alcanzar 80 mil docentes nombrados al 2023 sin flexibilizar los criterios de evaluación establecidos en la ley, lo cual implicaría un retroceso en la reforma. También se pueden notar la falta de impulso a la reforma de la educación superior. O aquellas cuyas referencias son bastante desalentadoras como la bandera de la descentralización que se reduce al desarrollo de los consejos de ministros descentralizados.
En relación a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, seguimos perdiendo oportunidades. La ausencia de este tema nos confirma que en el gobierno lo digital sigue siendo visto solo como un tema de soporte e instrumental. ¿Falta de perspectiva? ¿Debilidad para plantear una estrategia conjunta? ¿Ausencia y debilidad de articulación de los sectores?
Urge tener una mirada política que permita establecer prioridades y medidas claras que orienten el quehacer de la gestión pública, de los servidores públicos. Las entidades públicas requieren orientación, liderazgo, claridad de las medidas a implementar y son el presidente y el premier los garantes de su implementación. Pero también se requiere claridad sobre cómo éstas políticas deben articularse en torno a las necesidades de las y los ciudadanos para que los servicios en el territorio se brinden con calidad y pertinencia a las diferentes realidades del país.
